UGT considera que el texto propuesto cumple los requisitos fundamentales que se han exigido durante la negociación, como que el coste fuera asumido por las Administraciones y que se incluyera a todos los empleados públicos (incluido el personal laboral).
Se garantizará la atención presencial y directa a la ciudadanía, cuando sea precisa. Para los trabajadores, tiene carácter voluntario, reversible y, en cuanto a la prevención de riesgos laborales, incluye aspectos como el derecho a la desconexión, la no discriminación, abono de gastos y formación adecuada.
El acuerdo se deberá ratificar en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas convocada para el lunes 21 de septiembre.
FeSP UGT suscribirá el acuerdo para regular el teletrabajo dentro de las Administraciones Públicas. Consideramos que la propuesta presentada por el Gobierno, tras negociar en la Mesa General de Negociación en las últimas semanas, recoge los principales requisitos necesarios para poder implantar el trabajo en la Función Pública con garantías.
El acuerdo, debe tener un carácter básico y general para evitar desigualdades. En este sentido, la regulación de la modalidad de teletrabajo se hará a través de un nuevo artículo en el Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo un común denominador para todas las Administraciones Públicas y sus empleadas y empleados, que se podrá desarrollar después, previa negociación colectiva, en cada sector y territorio.
El texto, además, regula el teletrabajo de forma estable, permanente y estructural en el funcionamiento normal de las Administraciones, al margen de situaciones coyunturales, como las ocasionada por el Covid-19, y garantiza la atención presencial y directa a la ciudadanía.
El acuerdo, que afectará a los más de dos millones y medio de empleadas y empleados públicos, avanza en cuestiones tan novedosas y vinculantes para todas las administraciones como la transparencia y objetividad en los criterios a seguir para su implantación y desarrollo, el fomento de la desconexión digital, la protección de datos, la confidencialidad y el derecho a la intimidad.
