La plataforma de sindicatos y asociaciones profesionales, constituida por 23 organizaciones de empleados públicos contra los recortes, prepara para el miércoles 12 de septiembre una «jornada de lucha» de ámbito estatal. Los integrantes de la plataforma han anunciado esta medida, además de adelantar que, un día después de las concentraciones del 12 de septiembre, habrá otra reunión para coordinar nuevas acciones de protesta.
La plataforma se ha puesto como objetivo reservar cada día de la semana a movilizaciones de sectores concretos, en el sector educativo, será el miércoles el día reivindicativo.
La Plataforma ha señalado su disposición al diálogo, remarcando que no les temblará la mano al convocar cualquier medida de presión y de lucha.
Comunicado de prensa
La convocatoria del miércoles 12 de septiembre, que incluirá una concentración en Nuevos Ministerios (Madrid) y ante las delegaciones de gobiernos en las CCAA y provincias, estará precedida de una reunión el día anterior en la que las organizaciones de empleados públicos coordinarán sus asesorías jurídicas, ya que tienen constancia de que se están cometiendo distintos atropellos e irregularidades en la aplicación de las medidas de recortes.
La plataforma tiene intención de mantener una «lucha sostenida». Las actuaciones estarán dirigidas a «frenar las medidas del Gobierno», al que la plataforma reclama «diálogo, negociación y consenso».
La plataforma ha presentado un manifiesto que denuncia el desprestigio que está sufriendo la función pública y donde se reclaman medidas alternativas para resolver el déficit público, entre ellas la persecución del fraude fiscal o la implantación de un impuesto a las transacciones financieras.
La plataforma ha denunciado la destrucción de más de 170.000 puestos de trabajo en el sector público en lo que va de año. Con esta cifra, la función pública es ya, por detrás de la construcción, la industria y la agricultura, el sector con más pérdida de empleo.
En el sector educativo, el curso comienza con 50.000 trabajadores de la enseñanza menos, lo que supone deteriorar las prestaciones de calidad del servicio público educativo.
