El 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, se caracteriza –en este año- por la profundización de la crisis global. Europa atraviesa una gran crisis económica y social, con niveles récord de desempleo, y caminando hacia un periodo de recesión general que ya es una realidad en algunos de los países de la Unión. En la UE27, a finales de 2011, eran ya más de 23 millones de hombres y mujeres los que carecían de empleo, entre ellos 5 millones de jóvenes.
En los últimos dos años, estamos viviendo el más sistemático y generalizado ataque contra los derechos laborales y sociales desde el fin de la 2ª Guerra Mundial. Sus consecuencias afectan a todos los países de la UE, con distinta intensidad, pero de forma dramática a los países del sur y el este de Europa que tienen serios problemas en sus finanzas públicas: disminución de salarios y pensiones, pérdida o erosión de los derechos laborales y sociales, debilitamiento (anulación en algunos casos) de la negociación colectiva y de la capacidad de los sindicatos para defender a los trabajadores, deterioro serio de las prestaciones y servicios públicos sobre los que se basan los Estados de bienestar europeos.
Manifiesto castellano
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), para resolver la crisis de las deudas soberanas e impulsar el crecimiento de la economía y el empleo, propone: emitir deuda europea (eurobonos), reformar el BCE para darle las competencias de los demás bancos centrales, implantar un impuesto a las transacciones financieras, actuar decididamente contra el fraude y la evasión fiscal y acabar con los paraísos fiscales, regular los mercados financieros para ponerlos al servicio de la economía real, armonizar fiscalmente la UE, impulsar un plan europeo de inversiones en redes de transporte y comunicación y actividades de economía verde, reformar los Tratados de la UE para que el gobierno de la UE sea realmente democrático y respete los principios, valores e instituciones que han configurado su modelo social. Para alcanzar los objetivos de reducción de los déficits públicos, la CES reclama un plazo más prolongado, y desde la recuperación del crecimiento económico, no desde la recesión.
La CES ha propuesto, además, trabajar por un Nuevo Contrato Social Europeo que restaure el valor del diálogo social y establezca un amplio conjunto de derechos laborales y sociales comunes sobre los que basar la construcción de una nueva Unión Europea que pueda volver a convertirse en la región del mundo económicamente más avanzada, con un modelo de desarrollo sostenible y socialmente más justa.
Reformas injustas y políticas ineficaces
En España, la pésima situación económica y del empleo, lejos de reconducirse, se agrava. Superada, en 2011, la cifra de 5.270.000 personas desempleadas, las expectativas para este año y el próximo, inmersos ya en una recesión económica, auguran un aumento mucho mayor del desempleo, con la extensión de los despidos al ámbito de las administraciones y servicios públicos y por los efectos, en el ámbito privado, de la contracción drástica de la inversión pública.
Las dificultades para que las personas jóvenes encuentren empleo, convierten el desempleo juvenil en un problema social de primera magnitud ante la falta de expectativas laborales que limitan severamente sus posibilidades de desarrollo y autonomía y que llevan, a las personas más preparadas, a ver en la emigración una de sus escasas alternativas. El desempleo de larga duración también se ceba en mujeres y hombres que por su mayor edad tienen escasas posibilidades de reincorporarse al mercado de trabajo.
Las reformas laborales llevadas a cabo por el anterior Gobierno, atendiendo a los requerimientos de reformas estructurales impulsados por la UE, no han servido para frenar la destrucción de puestos de trabajo y sí para aumentar la precariedad laboral. El giro en la política económica y social, adoptado por el Gobierno en 2010 y continuado en 2011, ha tenido consecuencias negativas para el empleo y para la prestación de los servicios públicos.
Tras la alternancia política, resultado de las elecciones generales del 20 de noviembre, el Gobierno del PP ha iniciado una rápida carrera por la puesta en marcha de drásticos recortes presupuestarios y profundas reformas estructurales, entre las que destaca la reforma laboral por sus efectos lesivos para los trabajadores y por la involución que supone en aspectos esenciales del derecho del trabajo, aprobada sin el menor intento de negociación, ni siquiera consulta previa, con las organizaciones sindicales y con desprecio absoluto del valor del diálogo social y de los contenidos de dos importantes Acuerdos interconfederales firmados por las confederaciones empresariales y sindicales pocos días antes de que el Gobierno aprobase el RD-Ley.
UGT y CCOO reclamamos la necesidad y oportunidad del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC 2012-2014), con el que se trata de contribuir, desde la negociación colectiva, a la reactivación económica, a través de una importante contención de salarios, precios y beneficios empresariales, y la reinversión del excedente empresarial para la mejora de la competitividad y productividad; contribuir a la consolidación del empleo, a través de la aplicación preferente, a la hora de afrontar la crisis, de medidas de flexibilidad interna negociada, y a la reducción de la conflictividad laboral a través del fortalecimiento del diálogo en la empresa y de la solución autónoma de conflictos, avalada también con la firma del V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos (ASAC 2012-2016).
Frente a la opción promovida por los Acuerdos interconfederales, el RD-Ley supone una reforma brutal, que facilita y abarata el despido, precariza las nuevas contrataciones, desequilibra a favor de la empresa las relaciones laborales, aumenta la desigualdad y genera nuevas formas de discriminación, debilita la negociación colectiva y la función de las organizaciones sindicales. Una reforma con claros elementos de inconstitucionalidad y que vulnera, también, algunos importantes convenios internaciones de la OIT.
Una reforma laboral que ha sido contestada con la Huelga General del 29 de marzo, convocada por CCOO y UGT, con un alto grado de participación incuestionable, más de 10 millones de trabajadoras y trabajadores, y varios millones de personas manifestándose en las calles de las principales ciudades españolas. La dimensión de la movilización confirma el apoyo a la petición de rectificación que reclaman los sindicatos. El Gobierno debe escuchar a los millones de personas que han expresado su malestar y profundo rechazo a la reforma y a los recortes sociales. UGT y CCOO daremos una nueva oportunidad para el diálogo y la negociación, instando a que, en el periodo de tramitación parlamentaria del proyecto de ley de reforma laboral, el Gobierno atienda las propuestas sindicales presentadas como alternativa al contenido del RD-Ley.
Sin embargo, no parece ser esta la línea escogida por el Gobierno y con los Presupuestos Generales para 2012, presentados el 30 de marzo, demuestra que su prioridad no es el empleo, sino atender las exigencias del Eurogrupo para limitar el déficit este año al -5,3% del PIB. Unos presupuestos que, centrados en recortar el déficit público, generarán menos actividad económica, más paro, una reducción de la calidad y cobertura de los servicios públicos y un debilitamiento de la cohesión social. En definitiva, más injusticia y más desigualdad, a la vez que se premia a los defraudadores con una amnistía fiscal.
En el País Valenciano estas políticas del Gobierno central y sus consecuencias tienen su correlato en las políticas e iniciativas del Consell y en nuestra situación social y económica. Si la situación es crítica en el resto del Estado, en nuestra Comutitat es desesperada: con casi 650.000 trabajadores y trabajadoras en paro, pocas esperanzas quedan de que con las decisiones políticas y económicas adoptadas pueda darse a corto plazo una recuperación del empleo y del crecimiento económico.
Nuestros servicios públicos (educación, sanidad, atención a la dependencia, transportes…), ya de por sí históricamente castigados y devaluados, vuelven a ser el objetivo de políticas indiscriminadas de ajuste: ajustes que se traducen en un empobrecimiento social de consecuencias impredecibles.
Y en la clave de estos problemas, nuestro sistema productivo: un sistema productivo obsoleto que está necesitado de grandes cambios y grandes decisiones. Instrumentos de respuesta ya los hay, el Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos valencianos es un ejemplo, y la UGT-PV apuesta por él. Pero también hace falta voluntad política y medios suficientes.
La negociación colectiva en la Comunitat, y las relaciones laborales valencianas, también exigen compromisos creíbles, de ahí que la UGT-PV siga apostando, ahora más que nunca, por el “Acuerdo sobre las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana 2012 – 2015”, basado en un reparto responsable de esfuerzos para relanzar la economía y el empleo.
