FETE-UGT PV recuerda que son dos los recursos judiciales que ha interpuesto.
El primero solicitando el amparo constitucional y la protección del derecho fundamental de todos los profesores y profesoras del sistema educativo público valenciano a la igualdad de trato con el resto de los empleados y funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana, para exigir que se restablezcan sus retribuciones económicas, con el reconocimiento social y jurídico que merece su trabajo, anulando aquellas disposiciones del Decreto-ley que atacan directamente a su carrera profesional (el complemento retributivo asociado a la formación y el perfeccionamiento docente: “los sexenios docentes”, con un recorte anual de 80 millones de euros) y el tratamiento de igualdad que merece la profesionalidad y buen hacer del profesorado interino en los centros educativos, cuyos contratos deben finalizar cuando finalice el curso escolar (a 31 de agosto) y no a 30 de junio, con un recorte anual y global de sus retribuciones que alcanza los 31 millones de euros y afecta a más de 8.000 docentes.
El segundo, siguiendo el procedimiento contencioso-administrativo ordinario en el que se atacan todas las medidas que el Decreto-ley contiene contra las retribuciones del profesorado, tanto de plantilla como interino.
FETE-UGT PV rechaza rotundamente todas estas medidas de recorte y ajuste salvaje, que suponen para el profesorado valenciano una pérdida en sus retribuciones y poder adquisitivo acumulado que se sitúa entre un 11,2% y un 19,5% de sus ingresos anuales. Unos recortes muy importantes y superiores al resto de los funcionarios y ciudadanos, y que merecían por parte de FETE-UGT PV y la sociedad valenciana una respuesta contundente, como es la que hasta ahora se esta dando a través de dos grandes manifestaciones en las capitales de provincia los pasados días 21 y 26 de enero.
